filesCon sus raíces en la Enmienda Exon-Florio a la Ley de Producción de Defensa, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), es un comité interinstitucional que revisa ciertas inversiones extranjeras en los Estados Unidos que implican preocupaciones de seguridad nacional. El CFIUS generalmente determina su propia jurisdicción dentro de los parámetros del marco regulatorio que le asigna el gobierno federal. Históricamente, el CFIUS ha revisado las transacciones en las que una persona extranjera adquiere el control de un negocio de los EE. UU. y la adquisición representa una amenaza para la seguridad nacional. Por ejemplo, en 2012, el ex presidente Barack H. Obama, siguiendo la recomendación de CFIUS, requirió que una empresa china vendiera la adquisición de un parque eólico en Texas porque el parque eólico estaba ubicado en un espacio aéreo restringido. Esto representó la primera vez desde 1990 que un presidente de EE. UU. bloqueó u ordenó la desinversión basada en las recomendaciones de CFIUS.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019 se promulgó el 13 de agosto de 2018. El proyecto de ley general, que tiene por objeto autorizar el gasto en defensa, también incluye disposiciones que amplían el alcance de la revisión de CFIUS de las inversiones extranjeras. En particular, las transacciones de bienes inmuebles (incluida la compra de bienes inmuebles estadounidenses por una persona extranjera y la concesión o arrendamiento de bienes inmuebles estadounidenses por una persona extranjera) que involucran puertos aéreos o marítimos, o que están muy cerca de las instalaciones del gobierno de EE. UU. o propiedades, ahora pueden estar sujetas a la revisión previa de CFIUS. Además, otras inversiones en infraestructura crítica, tecnologías o negocios que mantienen o recopilan datos personales confidenciales de ciudadanos estadounidenses también están sujetas a la revisión de CFIUS. Es importante señalar que esperamos tener en el futuro orientación y regulaciones de implementación para explicar tanto el alcance de las transacciones que están sujetas a revisión, así como el tipo de inversionistas extranjeros que aumentan el riesgo de revisión.

Ciertas exenciones de la revisión ya están contempladas en el marco regulatorio. Por ejemplo, la compra de una unidad de vivienda individual no está sujeta a la revisión de CFIUS. Además, la compra de bienes inmuebles en un “área urbanizada” (según la definición de la Oficina del Censo de EE. UU.), a menos que se prescriba lo contrario en las regulaciones de CFIUS, está exenta de la revisión de CFIUS. Además, las inversiones extranjeras en fondos de capital privado no se tienen en cuenta en la medida

  • en que el fondo se gestione exclusivamente por un socio general, miembro administrador o equivalente que no sea una persona extranjera;
  • en que el consejo asesor del fondo no controle las decisiones de inversión del fondo o las decisiones de inversión de dicho socio general, miembro administrador o equivalente; y
  • en que el inversionista extranjero no tenga la capacidad de controlar el fondo o acceder a información material técnica no pública como resultado de su participación en un comité asesor o comité.

Otros cambios en la legislación de CFIUS incluyen la imposición de costos de registro, requisitos limitados de registro obligatorio (la mayoría de los registros de CFIUS son voluntarios, a menos que CFIUS inicie una investigación) y modificaciones al proceso de revisión de CFIUS y los requisitos de divulgación. En 2015, el año más reciente para el que la información pública estuvo disponible, CFIUS investigó 66 transacciones que determinó que se encontraban dentro de su jurisdicción. No hubo ninguna investigación que diera como resultado una recomendación para bloquear una inversión o desinvertir.

Como se indicó anteriormente, para que este cambio en la legislación entre en vigencia, CFIUS debe emitir y promulgar las regulaciones. Hasta que se emitan tales reglamentos, el impacto del cambio en la legislación no será claro.