De manera atípico bipartidista, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley H.R. 2600 el 26 de septiembre del 2013 y, casi un año después, el 19 de septiembre del 2014, el Senado acompañó la decisión promulgando el proyecto de ley S.2101. Estos proyectos de ley idénticos eximen a los desarrolladores de condominios de tener que cumplir los requisitos de presentación de solicitudes de la Ley de divulgación absoluta de ventas de tierras interestatales, o ILSA por sus siglas en inglés. Ambas cámaras dieron su aprobación, con voto unánime, a sus respectivos proyectos. El presidente firmó la ley el 26 de septiembre del 2014.

Cuando sea efectivo, el 25 de marzo del 2015, esta legislación eximirá a los desarrolladores que estén construyendo nuevos condominios de tener que cumplir con los requisitos de presentación de solicitudes de la ILSA. En la mayoría de los casos, ILSA exigía que los desarrolladores se registraran inicialmente ante el HUD (Department of Housing and Urban Development [Departamento de la vivienda y el desarrollo]), y ahora ante la Oficina para la protección financiera del consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB por sus siglas en inglés), y que le entregaran un informe de la propiedad a los compradores potenciales. La mayor parte de los litigios de rescisión que surgieron en el 2009 y posteriormente se debieron a que tales informes no se presentaron ante el gobierno federal.

Aunque originalmente fue promulgada como una legislación de protección del consumidor, su principal efecto fue que proporcionó a los compradores de condominios una manera de recuperar los depósitos de sus contratos cuando el mercado colapsó. Si esta legislación se hubiera aprobado antes de la recesión que comenzó en 2008, se hubiera podido evitar gran parte del impacto producido por las demandas de rescisión que sucedieron luego.

Esta nueva legislación exime a los desarrolladores de cumplir los requisitos de presentación de la ILSA, pero no de las disposiciones antifraude.