La semana pasada, el Departamento de Salud recibió impugnaciones legales por parte de los viveros Costa Farms y Plants of Ruskin Inc., y de Florida Medical Cannabis Association en relación con las pautas propuestas para seleccionar los viveros que recibirán licencias para cultivar y vender marihuana medicinal en conformidad con la recientemente promulgada ley estatal Ley de la Telaraña de Charlotte (Charlotte’s Web Law), denominada Ley de Cannabis Médico Compasivo (Compassionate Medical Cannabis Act). La nueva ley estatal, que recibió su nombre por una niña de Colorado que se ha beneficiado a partir del uso de la droga para sus convulsiones epilépticas, permite que una cepa de cannabis, que contiene bajas cantidades del tetrahidrocanabinol que provoca euforia, pueda ser usada por pacientes, incluidos niños, que padecen epilepsia y otras enfermedades.

Las impugnaciones legales se interponen a las regulaciones y pautas propuestas que se utilizarán para otorgar las cinco licencias que la nueva ley ha autorizado para cultivar, procesar y distribuir marihuana medicinal. Las impugnaciones critican los procesos y elementos sustanciales que se definen en las regulaciones propuestas dentro del contexto de procuración y zonificación.

Respecto de la procuración, las demandas alegan que las pautas que regulan la selección de los viveros y el sistema de lotería mediante el cual tales viveros serán seleccionados (los cuales deben cumplir con los criterios de elegibilidad de haber operado en Florida durante más de 30 años consecutivos y tener la capacidad para cultivar 400.000 plantas) son ambiguas, arbitrarias e inestables ya que se trata de una selección azarosa no autorizada sin criterios evaluativos. Los desafiantes también alegan que el sistema de lotería permite inadecuadamente que entidades de distribución y otras empresas se asocien con los viveros y formen parte de numerosas solicitudes, pero restringe a los viveros estatales a la presentación de una única solicitud.

Los argumentos relativos a la zonificación realizados por los peticionarios sostienen que las restricciones de zonificación impuestas a las organizaciones de distribución entran en conflicto con regulaciones de zonificación existentes y decisiones delegadas a los gobiernos locales y, por lo tanto, son ejercicios no válidos de la autoridad legislativa delegada. A medida que se presentan nuevas impugnaciones, el Departamento enfrenta fechas límite fijadas por la legislatura para establecer el marco regulatorio e inquietudes de que las demoras en el proceso retrasen el plazo en el cual los pacientes tendrán acceso al medicamento que necesitan.

El Departamento planificó el sistema de selección por lotería con la intención de evitar acciones legales que pudieran surgir en la forma de protestas de licitación si se utilizara un método de procuración tradicional. Sin embargo, en vista de estas impugnaciones, es posible que el Departamento desee estudiar otras opciones para lograr dicho objetivo. Asimismo, será necesario aclarar la interpretación del Departamento en cuanto a la autoridad de zonificación para abordar las demandas que cuestionan los requisitos de las regulaciones relacionados con la zonificación. Seguiremos analizando estos temas y las potenciales opciones del Departamento en nuestras constantes publicaciones sobre este asunto.