El año pasado, el gobierno federal implementó varias normas que exigen que sus contratistas cumplan con ciertos requisitos de trabajo justo. Por ejemplo, una norma federal finalizada en el mes de septiembre exige que los contratistas federales brinden a sus empleados hasta 56 horas de licencia por enfermedad con goce de sueldo, y otra nueva norma, la norma de remuneración justa y lugares de trabajo seguros, autoriza al gobierno a suspender los contratos de las empresas que hayan violado leyes laborales.

Del mismo modo, en el ámbito local, las nuevas regulaciones imponen más que nunca mayores obligaciones laborales a los contratistas del gobierno. Por ejemplo, en junio del año pasado, el condado de Miami-Dade aprobó el “Programa de empleo de Miami-Dade”, que exige que los contratistas del sector de la construcción del condado brinden oportunidades laborales de mano de obra para la construcción y oportunidades de formación a los residentes de Miami-Dade. Este nuevo programa complementa varios programas de trabajo justo existentes del condado, incluidos aquellos que exigen a sus contratistas pagarles un salario mínimo a sus trabajadores y proporcionar oportunidades a las pequeñas empresas locales.

La tendencia de exigir a los contratistas del gobierno cumplir con normas de trabajo justo más estrictas coincide con un marcado incremento en el uso de las colaboraciones público-privadas (P3), lo cual se refleja en una mayor participación del sector privado en las disposiciones relacionadas con las instalaciones y los servicios públicos. A pesar de que los beneficios de las P3 a menudo se enmarcan en términos de reducción de costos, plazos más cortos y mejor calidad, estas nuevas regulaciones destacan que las P3 también pueden utilizarse para promover los objetivos relacionados con las políticas sociales. Los requisitos de trabajo justo que debe cumplir un contratista del gobierno, por ejemplo, son muy superiores a los que normalmente se aplican al sector privado. Por supuesto, los beneficios para el público de estos mayores requisitos pueden, en ciertas situaciones, ser compensados por el aumento de los costos. Sin embargo, esta compensación destaca la flexibilidad de las P3 y su capacidad para abordar y equilibrar varios tipos de objetivos diferentes relacionados con las políticas públicas.